sentencia - Tribunal Electoral de la Ciudad de México

México, Distrito Federal, a diecinueve de diciembre de dos mil catorce.
El Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en sesión pública de
esta fecha RESUELVE DESECHAR DE PLANO, la demanda del Juicio Electoral
citado al rubro, promovido por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en
contra de la resolución identificada con la clave RS-47-14 de veinticinco
de agosto del año en curso, dictada por el CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL en el expediente
IEDF-QCG/PE/008/2014 y sus acumulados IEDF-
QCG/PE/015/2014/TER e IEDF-QCG/PE/023/2014SEXTUS, en atención a los
siguientes:
A N T E C E D E N T E S
1. Denuncia. El siete de marzo de dos mil catorce, el Partido
Revolucionario Institucional,[1] por conducto de su representante, presentó
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,[2]
escrito de denuncia en contra de diversos ciudadanos, entre ellos el
Diputado Federal Carlos Augusto Morales López, por hechos que podrían ser
constitutivos de infracciones a la normativa electoral, el catorce de mayo
del año en curso, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del
Instituto Electoral determinó escindir del procedimiento especial
sancionador identificado con la clave IEDF-QCG/PE/23/2014, respecto de los
hechos denunciados en contra del servidor público mencionado, así como
acumular el expediente IEDF-QCG/PE/23/2014SEXTUS al similar IEDF-
QCG/PE/008/2014 y su acumulado IEDF-QCG/PE/15/2014TER,
tomando en consideración que los hechos imputados eran idénticos en todos
los procedimientos.
2. Resolución impugnada. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, el
Consejo General, aprobó la resolución identificada con la clave RS-47-14,
en los autos del expediente IEDF-QCG/PE/008/2014 y sus acumulados
IEDF-QCG/PE/015/2014TER e IEDF-QCG/PE/023/2014SEXTUS, la cual
medularmente resolvió que el C. CARLOS AUGUSTO MORALES LÓPEZ, no era
administrativamente responsable por los hechos materia de la queja.
3. Juicio electoral.
a) Demanda. El diez de septiembre del año en curso, inconforme con lo
anterior, el PRI, a través de su representante suplente, presentó ante la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, demanda de juicio electoral
para controvertir la resolución precisada en el numeral anterior, misma
que, previos los trámites de ley, fue remitida a este Tribunal el
veinticinco siguiente.
b) Turno. Mediante acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso,
el otrora Magistrado Presidente de este Tribunal acordó integrar el
expediente TEDF-JEL-037/2014 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada
María del Carmen Carreón Castro, a efecto de que instruyera su
substanciación y en su oportunidad formulará el proyecto de resolución
correspondiente.
c) Radicación. Mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil
catorce, la Magistrada Instructora acordó, entre otros puntos: i) radicar
el juicio electoral en la Ponencia a su cargo; ii) tener por rendido el
informe circunstanciado de la autoridad responsable; iii) requerir al
tercero interesado, y iv) reservar la admisión de la demanda y de las
pruebas para el momento procesal oportuno.
d) Desahogo requerimiento. Mediante escrito presentado el dos de octubre
del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el Tercero
Interesado desahogo el requerimiento que le fue formulado.
e) Requerimientos a la autoridad demandada. Mediante acuerdos de quince de
octubre y nueve de diciembre ambos del año en curso, se requirió al Consejo
General, diversa documentación necesaria para resolver el medio de
impugnación planteado.
f) Desahogos de requerimiento. Mediante escritos de dieciséis de octubre y
once de diciembre del año en curso, la autoridad demandada atendió los
requerimientos que le fueran formulados, remitiendo un disco compacto que
contiene el proyecto de resolución de la queja relativa al procedimiento
especial sancionador número IEDF-QCG/PE/008/2014
y acumulados, que fue puesto a disposición del partido político actor en
la página web del Instituto Electoral http//www.iedf.org.mx/sesiones.
g) La magistrada instructora formuló el proyecto de resolución que sometió
a la consideración del Pleno de este Tribunal, a efecto de resolver
conforme a Derecho el asunto en cuestión conforme a las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y
resolver el presente juicio electoral, toda vez que en su carácter de
máxima autoridad jurisdiccional electoral en esta entidad federativa, le
corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos,
las impugnaciones que se planteen en contra de los actos y resoluciones de
las autoridades electorales del Distrito Federal, a fin de garantizar que
cumplan con el principio de legalidad, como es el caso de actos realizados
dentro de un procedimiento especial sancionador.
Lo anterior, encuentra su fundamento en lo dispuesto por los siguientes
ordenamientos:
. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 17,
116, fracción IV, inciso c), 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso f).
. Tratados internacionales:
a) Convención Americana sobre Derechos Humanos.[3] Artículos 8º,
numeral primero y; 25.
b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[4] Artículos
2º numeral tercero, incisos a) y b), y 14, párrafo primero.
. Legislación del Distrito Federal: a) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 128, 129, fracción VII,
130 y 134.
b) Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito
Federal:[5] 143, 157, fracción V, 163, fracciones III, IV y XIII,
176, fracciones I y VII. c) Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal:[6] 2, 5, 10, 11,
fracción I, 36, 38, 48, 76 y 77.
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden
público y de estudio preferente, este Tribunal se avoca a analizar en
primer término y de manera oficiosa las causales de improcedencia que en el
caso pudieran actualizarse.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por este Tribunal,
correspondiente a la Primera Época, con clave TEDF1EL J001/1999, cuyo rubro
es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES
PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL." [7]
Asimismo, sirve de apoyo de manera analógica la tesis aislada cuyo rubro
es: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE
DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE."[8]
En este sentido, procede señalar que del estudio oficioso que este Órgano
Jurisdiccional ha realizado respecto de las causales de improcedencia que
en la especie pudieran actualizarse, se advierte que efectivamente se
configura la hipótesis normativa señalada a través de la fracción IV, del
artículo 23 de la Ley Procesal Electoral, que textualmente señala lo
siguiente:
"Artículo 23. Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento
serán improcedentes, y por tanto, se decretará el desechamiento de
plano de la demanda, cuando:
(...)
IV. Se presenten fuera de los plazos señalados en esta Ley;
(...)"
Una vez señalado lo anterior, se procede a fundar y motivar la procedencia
del desechamiento del medio de defensa, en los siguientes términos:
El artículo 16 de la Ley Procesal Electoral dispone que los medios de
impugnación que no guarden relación con los procesos electorales y los de
participación ciudadana, deberán promoverse dentro de los ocho días
contados a partir del día siguiente a aquel en que el actor haya tenido
conocimiento del acto o resolución impugnado o se hubiese notificado de
conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable.
Por otra parte, en cuanto a la notificación, el artículo 41, párrafo
primero, de la ley en comento, dispone que el partido político cuyo
representante haya estado presente en la sesión del órgano del Instituto
Electoral que actuó o resolvió el acto que se impugna, se considerara
automáticamente notificado de éste para todos los efectos legales.
En el segundo párrafo del artículo que nos ocupa, se establece que para que
opere dicha notificación y pueda prevalecer sobre cualquier otra que
hubiere ordenado la autoridad electoral, deberá estar acreditado que el
partido político tuvo conocimiento pleno de los motivos y fundamentos que
sustentan la resolución o acto reclamado, por haber recibido copia íntegra
del mismo cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la sesión
correspondiente y durante la discusión no se haya modificado.
Este tipo de notificación ha sido denominado, teórica y
jurisprudencialmente, como notificación automática.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación ha emitido las tesis de jurisprudencia identificadas con las
claves 19/2001 y 18/2009, publicadas en la Compilación 1997-2013,
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, Jurisprudencia,
páginas 424-425 y 427-428, respectivamente, cuyos rubros y texto